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¿Privilegios? No, Justicia y Derecho

Entre los múltiples debates, más o menos forzados o reales, que existen en el ámbito de la educación –defensa del derecho a que la asignatura de Religión permanezca en el currículo, imposición de asignaturas de contenido ideológico, derecho de las familias a elegir la lengua vehicular de la enseñanza, medidas para combatir el fracaso escolar, supuesto exceso de deberes para casa o falta de valoración de la figura del profesor, entre otros- el primero y principal es el del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. El primero en el tiempo, pues el derecho a elegir de las familias se concreta, aunque no se agota en él, en el derecho a elegir el centro educativo, que es el lugar de acceso de cada alumno al ámbito educativo. El principal, dado que afecta a la esencia misma de la cuestión: los padres, por el hecho de haber dado la vida a nuestros hijos y por los derechos y deberes de todo orden que esto implica, somos titulares de un derecho que es previo a cualquier ordenamiento jurídico.

¿Reclamar ese derecho es exigir en privilegio? No. Es pedir Justicia y Derecho. Es reclamar la aplicación del Derecho para posibilitar el ejercicio real de un concreto derecho. No debemos olvidar que cuando hablamos de educación hablamos de derechos y de libertad. Este derecho, ya lo hemos apuntado antes, va mucho más allá de la mera elección de centro escolar. El ejercicio de este derecho debe desarrollarse en plenas condiciones de libertad para todas las familias. La Justicia, que no es dar a todos lo mismo, implica dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido, lo que hace justicia a su naturaleza. Por eso hablamos de Justicia: la familia, por su propia esencia, es titular de ese derecho. Y ese derecho, que precisa de una libertad real y efectiva para su ejercicio, se plasma en el Derecho positivo que lo reconoce, pero no lo otorga pues es previo a todo ordenamiento jurídico.

Satisfecho este derecho, pueden plantearse el resto de cuestiones, de tipo pedagógico y académico, organizativo, administrativo o material, que afectan al ámbito educativo y en las que entran en juego el resto de actores de la comunidad escolar, fundamentales también cada uno en su misión: maestros y profesores, directores y entidad titular, psicólogos y orientadores, personal de administración y servicios, Administración educativa.

Frente a este derecho, con la pretensión de negarlo, encontramos una colección de tópicos, lugares comunes y prejuicios, muchos prejuicios, basados en planteamientos exclusivamente ideológicos. Solo así se puede entender la negación del derecho que tantas normas nacionales e internacionales reconocen. Empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 reconoce que «los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.» Pasando por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que en su Protocolo adicional I, art. 2., relativo al Derecho a la instrucción, expresa que «a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.» Y terminando con la Constitución Española que, en su artículo 27.3 proclama que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.» Y aún podríamos citar un buen número más de normas nacionales e internacionales que se pronuncian en el mismo sentido. No se pueden borrar, sin más, decenios de trabajo a favor de los derechos humanos, cristalizados en diversas normas internacionales, porque a una parte de la comunidad educativa no le guste la libertad de elección de las familias ni crea en la existencia de ese derecho. Vistas las normas recordadas y atendiendo a la situación actual de nuestra sociedad, es una auténtica necesidad reclamar el derecho a una educación en libertad.

Añadiremos finalmente la cita de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12 de noviembre de 2012, que afirma que «como derivación directa de las previsiones del artículo 27 CE, puede proclamarse el derecho a la educación como un derecho a educarse en libertad… proyección directa de ese derecho a educarse en libertad es el derecho de los padres a asegurar que la educación y enseñanza de sus hijos menores se haga conforme a sus convicciones, morales y filosóficas. Y de ahí deriva el derecho de los padres a elegir lo que consideren mejor para sus hijos.»

Mientras no seamos capaces de resolver esta cuestión de forma clara y definitiva, seguirá siendo muy difícil abordar las múltiples reformas que necesita nuestro sistema para salir de la postración en que se encuentra sumido por décadas de una deficiente y negligente legislación. Quizá el haber considerado la cuestión de los derechos de los padres como algo accesorio o anecdótico es lo que nos ha impedido ser capaces de afrontar correctamente el resto de los problemas.

Los padres, primeros responsables de la educación de nuestros hijos, como se recoge incluso en el tenor literal de normas tales como la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación o la Ley Orgánica de Educación, vigente en la actualidad, unidos a los profesores y a los titulares de los centros educativos que hemos elegido para confiarles la formación académica de lo más preciado que tenemos, nuestros hijos, debemos trabajar conjuntamente teniendo siempre como objetivo el bien del alumno. Para nosotros, padres católicos, el bien mayor de nuestros hijos es que puedan recibir una formación integral en sus propios colegios, sin excluir ninguna de sus dimensiones: intelectual, afectiva, espiritual.

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